El abogado del autor interpuso un recurso de apelación en el que sostuvo que no se habían destruido todas las grabaciones de las conversaciones telefónicas grabadas que se debía destruir con arreglo al párrafo 2 del artículo 125h.
Las opciones para los estudiantes también eran más limitadas, y eran grandes empresas las que se dedicaban a publicar libros o cassettes para mejorar la comprensión del español.